El Dr. Kenthyn Téllez, experto en derecho penal, abordó en una entrevista televisiva la imperante necesidad de reformar el Código de la Niñez y Adolescencia de Nicaragua, luego de un caso atroz donde una niña de ocho años fue violada y asesinada, y el presunto autor es un adolescente de 14 años.
Téllez comenzó su disertación calificando el suceso como “aberrante, macabro, hasta demencial”, y remarcó la necesidad de preservar la presunción de inocencia, un derecho consagrado en la Constitución nicaragüense y en el mismo Código de la Niñez y Adolescencia, incluso para los adolescentes en procesos penales especializados.
El letrado procedió a explicar los procedimientos legales que un adolescente de la edad del presunto autor enfrentaría en caso de ser hallado culpable. “Es un proceso especializado en las circunstancias que la ley señala”, explicó Téllez. Según el código, los adolescentes entre 13 y 17 años pueden ser sujetos de persecución penal, aunque sólo aquellos de 16 y 17 años pueden ser sancionados con pena de prisión, siempre bajo resguardo carcelario y con una pena máxima de seis años.
El experto en derecho penal expresó su preocupación sobre la posible impunidad en casos como el discutido. En circunstancias similares, aún siendo declarado culpable, un adolescente de 14 años no sería sujeto a pena privativa de libertad. En lugar de ello, serían aplicables otras medidas, como el servicio a la comunidad y restricciones de visitas a ciertos lugares.
Téllez apuntó a la necesidad de un trabajo interinstitucional en la aplicación y cumplimiento de estas medidas, donde participen jueces, psicólogos y otros profesionales especializados. Mencionó que se deben tratar los casos de adolescentes en pabellones separados dentro de las prisiones, con un cronograma de trabajo institucional dedicado a reinsertar a estos jóvenes en la sociedad.
La entrevista también abordó la cuestión de la responsabilidad de los padres. Si bien la constitución nicaragüense establece que la pena no trasciende al individuo, los padres de un adolescente responsable de un acto atroz pueden ser obligados a asumir la responsabilidad civil. Esta podría incluir costos asociados con el entierro y el tratamiento psicológico, aunque la ejecución de estas responsabilidades depende de la capacidad de los padres para asumirlas.
Por supuesto, es importante recordar que la finalidad de la justicia juvenil no es meramente castigar, sino más bien rehabilitar y reintegrar al menor en la sociedad de una manera productiva y segura. Por eso, aunque el menor no vaya a la cárcel, no significa que no haya ninguna consecuencia para sus acciones. Sin embargo, es fundamental que se implementen sanciones apropiadas que disuadan a otros jóvenes de cometer delitos similares.
Además, en estos casos tan graves, es fundamental garantizar la seguridad y el bienestar de la comunidad. Por eso, una parte esencial de la respuesta debe ser el apoyo y el tratamiento para las familias y las víctimas, así como la educación y la concienciación en las comunidades para prevenir que estos crímenes ocurran en primer lugar.
No obstante, tal y como mencioné, este es un problema de gran alcance que necesita una solución de gran alcance. Tenemos que abordarlo desde todos los ángulos posibles: educación, atención de la salud mental, justicia y reforma legislativa. Y también es vital que las instituciones y los actores responsables se tomen en serio su papel en la protección y la seguridad de nuestros niños y jóvenes, para prevenir la ocurrencia de estos horrendos crímenes en el futuro.”
El Dr. Téllez concluyó su intervención enfatizando la necesidad de una revisión y reforma al Código de la Niñez y Adolescencia en Nicaragua, considerando su insuficiencia en situaciones tan graves como la discutida.
Esto va más allá de la justicia penal; también es una cuestión de justicia social, de protección a la infancia y de respeto a los derechos humanos. Necesitamos un enfoque integral y coordinado para tratar estos problemas, y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar.