En una entrevista reciente, el destacado experto en derecho penal, Dr. Kentyn Téllez, arrojó luz sobre las deficiencias cruciales en la implementación de la Ley 779 en relación con los daños psicológicos causados a las mujeres. A su juicio, la recopilación y evaluación de pruebas, especialmente en lo que se refiere al dictamen psicológico forense, presentan fallas significativas.
El Dr. Téllez subrayó la falta de preparación especializada de algunos psicólogos forenses en Nicaragua. Resaltó que la psicología forense es un campo especializado que requiere un conjunto distinto de competencias que no poseen todos los psicólogos.
Otro punto de preocupación que destacó es la práctica actual de depender únicamente de una entrevista para determinar el daño psicológico. Según el Dr. Téllez, este enfoque está llevando a la criminalización injusta de muchos ciudadanos nicaragüenses. “Un solo examen no determina el daño psicológico”, sostuvo, argumentando que se necesitan entre 8 a 11 entrevistas y una serie de pruebas psicológicas para establecer una valoración justa y precisa del daño psicológico.
El Dr. Téllez criticó el sesgo inherente en el sistema legal actual, que a menudo favorece a las víctimas en los juicios, llegando a veces a coaccionar a los hombres para que cedan sus bienes. Este hecho, según él, es una consecuencia directa de la falta de rigurosidad en la recopilación de pruebas psicológicas.
Además, criticó que algunos operadores de justicia solo permiten pruebas recogidas por instituciones estatales, peritos policiales y forenses, y no reconocen la libertad probatoria existente en la ley.
Estos problemas destacan las brechas evidentes en la implementación de la Ley 779 y sugieren la necesidad de una revisión exhaustiva del sistema. Es imperativo, por lo tanto, que las autoridades pertinentes tomen medidas para garantizar un proceso legal más justo y equitativo, basado en pruebas sólidas y evaluaciones psicológicas forenses competentes.
